La política de infraestructuras judiciales del Consell se ha convertido en un rompecabezas de incoherencias para los municipios gobernados por la izquierda. Mientras el Ayuntamiento de Sagunto ha exigido en el último pleno la licitación inmediata de su Palacio de Justicia, el espejo de Xàtiva devuelve una imagen inquietante: la Generalitat acaba de liquidar diez años de trabajo en la capital de la Costera con un argumento que, precisamente, Sagunto ya cumple desde el inicio.

El proyecto del Palacio de Justicia de Sagunto no es nuevo. Fue presentado con toda la oficialidad en febrero de 2023 por la entonces consellera Gabriela Bravo y el alcalde Darío Moreno. En aquel momento, se anunció como la mayor inversión en obra nueva del Plan de Infraestructuras Judiciales de la provincia de Valencia: 24,2 millones de euros (que el actual presupuesto ya eleva a 37 millones) para un edificio de más de 10.000 metros cuadrados que debía entrar en servicio a principios de 2026.

La ciudad ha cumplido con todos los trámites necesarios: cesión de suelo con una parcela de 10.761 m² en la futura avenida de las Corts, una zona de expansión en los exteriores de la ciudad; licencia de obras concedida por el Ayuntamiento en noviembre de 2024; y una necesidad social evidente, ya que el municipio crece a un ritmo de 1.000 habitantes anuales y la planta judicial está colapsada, especialmente con la llegada de la gigafactoría de Volkswagen.

A pesar de tener la licencia y el suelo periférico que ahora la Generalitat dice priorizar, las promesas de las conselleras Salomé Pradas y Nuria Martínez de licitar las obras «antes de final de año» o «en los próximos meses» se han revelado vacías.

La paradoja es absoluta cuando se compara la situación de Sagunto con la de Xàtiva: la Generalitat tumba el proyecto de Xàtiva porque quiere un modelo de exteriores, pero mantiene bloqueado el de Sagunto que ya está en los exteriores. Esta «doble vara de medir» está costando dinero directo a la ciudadanía. Sagunto ya ha tenido que gastar 670.000 euros en alquileres temporales para juzgados provisionales. Por todo ello, el frente común de los alcaldes del PSPV reclama que la Justicia deje de ser una herramienta de confrontación política y se convierta en el servicio público que la ciudadanía de la Costera y el Camp de Morvedre reclama desde hace años.

Mientras que en Sagunto la parálisis se disfraza de demora administrativa, en Xàtiva el golpe ha sido definitivo. La Generalitat ha formalizado la reversión del antiguo Real Monasterio de Santa Clara, el inmueble cedido por el consistorio en 2022. La excusa del Consell para renunciar a un edificio donde ya se había invertido una década de gestiones técnicas es la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, que supuestamente aconseja buscar emplazamientos fuera del núcleo urbano para facilitar la comunicación.