Esta huelga, la primera general indefinida desde 1988, ha sido convocada por sindicatos como STEPV, CCOO, UGT y CSIF, y secundada por ANPE, con cerca de 80.000 docentes llamados al paro. Durante la mañana, se han formado piquetes informativos y concentraciones en numerosos centros de educación secundaria en todo el territorio valenciano.
En el IES Ramon Muntaner de Xirivella, uno de los docentes en huelga ha afirmado que casi 70 de los 80 profesores de la plantilla se han movilizado, subrayando el carácter urgente de las reivindicaciones. Esta participación supera la de la huelga general del pasado 31 de marzo, en la que se movilizaron alrededor de 50 profesores del mismo centro.
“"Algunos medios han reducido la huelga a la cuestión salarial, pero las demandas van mucho más allá."
Entre las cuestiones más destacadas, los docentes subrayan la urgencia de reducir las ratios. Señalan que con un solo profesor en aulas de hasta 30 alumnos con gran diversidad, incluyendo estudiantes de otros países o con necesidades educativas especiales como el autismo, resulta muy difícil cubrir las necesidades particulares que requieren.
Esta situación no solo perjudica al profesorado, sino que también va en detrimento de la calidad de la educación que reciben los alumnos. Además, aluden a la falta de personal de apoyo en las aulas y la necesidad de agilizar la cobertura de las bajas.
También ponen el foco en la mejora de las infraestructuras, debido al deterioro de los edificios, la falta de equipamiento básico en las aulas y las condiciones de climatización. En el IES Gonzalo Anaya, los docentes en huelga critican que en invierno los alumnos llevan mantas y en verano algunos han sufrido golpes de calor, una situación agravada en aulas prefabricadas tras la DANA.
El profesorado denuncia el cambio progresivo en las políticas lingüísticas, que reduce el peso del valenciano en el sistema educativo. Esto contrasta con el sistema anterior, aplicado durante la etapa del Pacte del Botànic, que garantizaba una planificación más estructurada del plurilingüismo y establecía porcentajes mínimos de uso del valenciano para asegurar su presencia no solo como asignatura, sino también como lengua de aprendizaje.
La cuestión salarial también se encuentra en la mesa de negociación. Los docentes denuncian que los salarios llevan años congelados, con una pérdida de poder adquisitivo acumulada que los sindicatos estiman entre 4.000 y 6.000 euros, y sostienen que el profesorado valenciano está entre los peor pagados de España.
“"Afrontamos la movilización con ilusión ante el respaldo de los sindicatos y el seguimiento que está teniendo la huelga."
Uno de los huelguistas asegura que no deseaban llegar a una convocatoria indefinida, pero lo consideran necesario ante la falta de avances en la negociación con la Conselleria de Educación. Días antes del inicio de la huelga, la consellera de Educación, Carmen Ortí, remitió una carta a las familias defendiendo la gestión de la Generalitat y asegurando que ningún estudiante ni familia puede ser cautivo de un conflicto sindical, insistiendo en que la evaluación del alumnado de segundo de Bachillerato no es negociable. Esta comunicación ha sido calificada por los representantes sindicales como un absoluto insulto y falta de respeto para confrontar a familias y docentes.
Los docentes subrayan que sus principales reivindicaciones responden a la necesidad de garantizar una educación pública de mayor calidad para el alumnado.
