Esta demanda surge después de que el pasado 25 de marzo un juzgado de Valencia diera la razón a vecinos del entorno de CACSA, instando al Ayuntamiento a adoptar medidas contra las molestias acústicas, incluyendo la revocación de autorizaciones o la reubicación de los eventos. Los promotores, representados por PROMFEST, MúsicaProCV, PROFest y FOTUR, reclaman una reunión urgente con la alcaldesa María José Catalá, la Generalitat y CACSA para encontrar una solución consensuada, que, según denuncian, “sigue sin llegar” dos semanas después de la sentencia.
El sector alerta de que la falta de respuesta mantiene en incertidumbre a más de 80.000 compradores de entradas y a 8.000 trabajadores vinculados directa o indirectamente a los eventos. Según sus cálculos, están en juego 40 millones de euros de impacto directo en Valencia, además de dos millones de euros de recaudación para CACSA y miles de empleos asociados a los festivales.
Resulta incomprensible que, con más de 80.000 asistentes afectados, 8.000 trabajadores pendientes y decenas de millones de euros en juego, las administraciones sigan sin sentarse con el sector para buscar una solución seria, conjunta e inmediata.
Las asociaciones subrayan que la sentencia judicial y la comunicación del Ayuntamiento no impiden la celebración de los festivales, sino que exigen su desarrollo cumpliendo la normativa acústica. Hasta el momento, los promotores no han recibido notificación formal de prohibición por parte de CACSA y los eventos continúan programados para transmitir tranquilidad a los compradores de entradas. La prolongación de esta incertidumbre afecta gravemente la proyección de la marca 'Valencia Music City' y el modelo de turismo musical promovido por la Generalitat.
Los promotores destacan que han continuado trabajando para avanzar en una solución consensuada, incluso durante los días festivos. Sin embargo, denuncian que la reunión prevista con el Ayuntamiento para el 7 de abril fue cancelada por problemas de agenda. Insisten en que todas las partes implicadas deben sentarse de manera inmediata para proteger el empleo, preservar la actividad económica y garantizar la dimensión cultural e industrial de los festivales, evitando un deterioro mayor de la imagen de Valencia como destino musical y cultural.
