La decisión de la Generalitat Valenciana de otorgar una ayuda directa de cinco millones de euros a Sol Films 2026, productora asociada a Disney para el rodaje del live-action Enredados, ha generado un tsunami de críticas en el sector audiovisual valenciano. Esta productora instrumental, vinculada a Anima Stillking Films, trasladó recientemente su domicilio fiscal a los estudios públicos de la Ciudad de la Luz.

Desde el anuncio del rodaje, ya se rumoreaba que la elección de Alicante por parte de la multinacional no sería gratuita, pero la cifra confirmada ha superado todas las expectativas. Esta situación ha unido a todas las asociaciones de productoras de la Comunitat Valenciana, que consideran la ayuda un "ataque directo" al sector local.

La ayuda a Enredados se ha convertido en un símbolo de la tensión entre la red de productoras y la administración autonómica. En primer lugar, se pone en contexto la magnitud de cinco millones de euros: la línea de ayudas a producción del Institut Valencià de Cultura (IVC), a la que concurren decenas de proyectos, está dotada con 6,7 millones de euros en total, con una aportación máxima de 500.000 euros por proyecto, diez veces menos que la otorgada a Enredados. Además, se critica la "disfuncionalidad crónica" del IVC, que hace las ayudas insuficientes y difíciles de gestionar.

Las ayudas públicas habituales requieren que las producciones repercutan un 150% la subvención recibida en el tejido empresarial valenciano. En comparación, las ayudas a grandes proyectos de rodaje de la Conselleria de Innovación, convocadas desde 2023, cuentan con seis millones de euros para seis producciones, es decir, un máximo de cinco veces menos que la ayuda a Enredados, y a través de convocatorias competitivas y transparentes.

Las asociaciones consultadas exigirán que se audite y justifique el impacto real del rodaje en la Comunitat Valenciana. La Generalitat defiende la subvención alegando una inversión directa estimada de 40 millones de euros, un retorno económico agregado de entre 80 y 120 millones, 2.500 contrataciones previstas y un retorno mediático de hasta 600 millones. Sin embargo, fuentes del sector consideran estas cifras "ficticias" y "disparatadas", apuntando que el rodaje podría durar solo 10 días en la Comunitat, con gran parte de la producción en Tarragona y Girona, o incluso en Francia.

Productoras como Avant, Avapi y Alicante Audiovisual expresan su desconocimiento sobre el rodaje y la falta de transparencia en las cifras. "No sabemos de dónde las sacan y queremos que las demuestren", afirma Manuel Galipenso. La sensación de ninguneo y la falta de impulso a las políticas públicas para el audiovisual es especialmente sangrante para las empresas alicantinas, que denuncian la falta de continuidad para los profesionales y pocas posibilidades para las empresas locales a pesar de estar en la Ciudad de la Luz.

Además, se recuerda el trauma del cierre de la Ciudad de la Luz en 2012 por la Unión Europea por competencia desleal, y se teme que esta negociación directa y sin competencia pueda incurrir en una ilegalidad similar. El Clúster de Producción y Servicios Audiovisuales de la Comunitat Valenciana, representado por Kiko Martínez, pide que las políticas se centren en hacer de la Comunitat un plató de referencia, no solo en salvar la Ciudad de la Luz, y reclama proyectos de formación, una film commission eficaz y ayudas que no se limiten a la Ciudad de la Luz.

Gloria March, presidenta de la Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual, subraya la importancia de que los rodajes internacionales beneficien a las empresas locales y profesionales, e insta a garantizar la transparencia. La unanimidad del sector ante este escándalo anticipa un comunicado muy crítico con las "políticas erráticas" del Consell. "No hay ningún plan, ni estrategia, ni interlocución", sentencian los entrevistados.

Miguel Molina, de PAV, pide responsabilidad, aumento de ayudas y una estrategia clara, denunciando "un silencio por respuesta" durante tres años. La elaboración de un plan estratégico para el audiovisual para el periodo 2026-2030, elaborado por PricewaterhouseCoopers, no calma los ánimos, ya que se teme que sea un "Bienvenido Mister Marshall". La falta de presupuesto e inversión de À Punt agrava el desánimo. Rafa Molés, presidente de Avant, concluye que esta decisión es "un golpe mortal a la credibilidad del audiovisual valenciano", proyectando una imagen de incapacidad para gestionar recursos propios mientras Disney recibe cinco millones sin contar con el tejido valenciano.