Esta actualización busca adaptar los procesos de evaluación a los nuevos retos tecnológicos, especialmente los relacionados con la inteligencia artificial (IA). El documento aborda las "nuevas formas de fraude académico", haciendo hincapié en el uso indebido de dispositivos electrónicos e IA durante las pruebas de evaluación.
Entre las medidas propuestas, se incluye la prohibición explícita de disponer de móviles y otros dispositivos no autorizados durante los exámenes. Incumplir esta norma conllevará la expulsión inmediata del aula y una calificación de cero en la prueba. Cualquier caso de fraude detectado deberá ser justificado y documentado mediante un "acta de honestidad".
“"La universidad se reserva el derecho de usar medios electrónicos y técnicos para detectar este tipo de dispositivos en las pruebas, siempre informando previamente al alumnado."
Además, se establecerán nuevas actas de honestidad académica y las consecuencias académicas en situaciones de fraude serán "más claras". La propuesta también contempla modificaciones en los procedimientos de reclamaciones, evaluación por currículum y actas extraordinarias de evaluación, en coherencia con la normativa universitaria vigente.
La propuesta se encuentra en fase de información pública hasta el próximo 25 de mayo, con el objetivo de fomentar la participación y recoger las aportaciones de toda la comunidad universitaria.
