La acción, que llega a la cuarta semana de movilización, ha abierto un nuevo foco de tensión política e institucional, especialmente ante la proximidad de los actos del Corpus, que este año conmemora el setecientos aniversario y tiene este espacio como uno de los principales escenarios. Los preparativos de la fiesta han abierto el debate sobre quién tiene la competencia para actuar si es necesario desalojar la acampada.

El ayuntamiento de València, gobernado por María José Catalá, sostiene que la protesta forma parte del ejercicio del derecho de manifestación y que, por tanto, la responsabilidad corresponde a la delegación del gobierno español y a la policía española. En cambio, la delegación encabezada por Pilar Bernabé replica que cualquier ocupación de la vía pública necesita autorización municipal y recuerda que las ordenanzas de la ciudad atribuyen al consistorio la gestión de estas situaciones, asegurando que su función es garantizar el derecho de reunión y la seguridad de los participantes.

La discrepancia entre administraciones llega mientras los huelguistas insisten en que no tienen intención de abandonar la plaza. Los promotores de la acampada la consideran una nueva fase de la movilización educativa y reiteran que quieren mantener la protesta día y noche para denunciar la falta de diálogo de la Conselleria de Educación. Ayer ya anunciaron que pretendían mantener la ocupación de manera indefinida e hicieron un llamamiento a la comunidad educativa para que se sumara.