La convocatoria ordinaria de las PAU tendrá lugar la próxima semana, entre los días 2, 3 y 4 de junio, mientras que la convocatoria extraordinaria se realizará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio. Este contexto llega marcado por un conflicto laboral en la educación pública valenciana, con los docentes en huelga indefinida desde el pasado 11 de mayo.

La Assemblea de Professorat Corrector, una plataforma que agrupa a más de 250 especialistas, ha anunciado un paquete de medidas de fuerza ante el estancamiento de las negociaciones. Denuncian la "incapacidad" de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades para atender las necesidades del sistema público y critican su falta de flexibilidad ante las propuestas sindicales.

El malestar del colectivo se origina por una "degradación estructural" del Bachillerato valenciano. Entre las quejas, destacan las propuestas de mejora de ratios que mantienen aulas masificadas, la supresión de grupos en el Bachillerato Artístico, la precarización laboral con tutorías no remuneradas y una alta carga burocrática que tiene al profesorado "quemado". También censuran un "desprecio" al valenciano y al currículo educativo.

Como medida de presión, los docentes contemplan no presentarse a la constitución de los tribunales, prevista para el 2 de junio, o presentar renuncias masivas ese mismo día si no hay "movimientos políticos". Además, estudian "acciones más contundentes" a la hora de entregar las calificaciones.

"Nos vemos obligados a tomar estas medidas, que no son políticas, sino reivindicaciones justas por una educación pública de calidad", señalan desde la asamblea, que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias. Insisten en que su objetivo "en ningún caso" es perjudicar al alumnado ni a sus familias.

Asimismo, los docentes lanzan un reproche a las cinco universidades públicas valencianas (Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universidad de València y Universidad Miguel Hernández de Elche), acusando sus rectorados de mantener un "silencio" y una "escasa solidaridad" con el colectivo corrector, pese al apoyo aislado de algunos departamentos.

Exigen a las instituciones universitarias un respaldo "real" y un compromiso "sincero" con el alumnado de Bachillerato, recordando que este colectivo es la base del futuro estudiantil de los campus públicos. La Conselleria de Educación se enfrenta ahora a una crisis que podría comprometer el desarrollo de las pruebas más importantes del año para miles de estudiantes valencianos.