La movilización, que ha tenido lugar en un ambiente festivo y reivindicativo, ha sido convocada por los sindicatos STEPV, CCOO, UGT y CSIF, con el respaldo de ANPE y el apoyo de las familias representadas en Fampa València, la Confederación Gonzalo Anaya y el Sindicat d'Estudiants. Las protestas se han extendido por la Comunitat Valenciana, incluyendo Castellón, Alicante y Elche, con el objetivo de exigir a la Conselleria de Educación, dirigida por Carmen Ortí, y al Gobierno de Juanfran Pérez Llorca, una escuela pública de calidad.
Según datos de la Delegación del Gobierno, alrededor de 40.000 personas han participado en las manifestaciones en toda la Comunitat Valenciana. La concentración más numerosa se ha registrado en la ciudad de València, con más de 20.000 manifestantes. En Alicante, la participación ha sido de 12.000 docentes, mientras que en Castelló de la Plana se han reunido 5.000 y en Elche, 2.800.
La protesta en València ha comenzado en la plaza de San Agustín, con el lema principal de la pancarta: 'Ya basta: menos burocracia, menos ratios, más salario, más plantilla y más valenciano'. Los sindicatos han calificado esta movilización de “histórica e inédita en la educación”, y han instado a la Conselleria de Educación a negociar con una propuesta “real y efectiva” que satisfaga las demandas del profesorado de la escuela pública.
“"Esperamos una propuesta satisfactoria de la Conselleria para todos los temas que reclamamos para mejorar el sistema educativo valenciano."
Entre las principales demandas del profesorado se encuentran la derogación inmediata de la Ley Rovira, la reducción de ratios, más recursos, menos burocracia, la mejora de la salud laboral e infraestructuras educativas dignas. También se reclama la recuperación de los presupuestos recortados, ya que algunos centros todavía sufren las consecuencias de la dana sin soluciones. Las negociaciones con la Conselleria están rotas desde el pasado viernes, cuando se plantearon servicios mínimos en segundo de Bachillerato como punto inamovible y una subida salarial de 75 euros brutos al mes en tres años, muy por debajo de los 4.000 a 6.000 euros anuales que reclaman los sindicatos para compensar la pérdida de poder adquisitivo desde 2007.
