La huelga docente cuesta hasta 3.850 euros por familia

La protesta ha supuesto una pérdida de ingresos de entre 3.500 y 3.700 euros brutos por docente, con iniciativas solidarias para compensarlo.

Imagen genérica de dinero y un recibo de sueldo, simbolizando pérdidas económicas por una protesta.
IA

Imagen genérica de dinero y un recibo de sueldo, simbolizando pérdidas económicas por una protesta.

La huelga indefinida de docentes en la Comunitat Valenciana, que tuvo lugar entre el 11 de mayo y el 11 de junio, ha generado un importante desgaste económico para miles de familias, con pérdidas calculadas de entre 3.500 y 3.700 euros brutos por profesor.

La Conselleria de Educación aún no ha cifrado el impacto económico total de la huelga ni el número exacto de docentes afectados en sus ingresos, ni tampoco ha especificado cuándo se realizará el descuento salarial. Fuentes de la Generalitat indican que se abre un periodo de comprobaciones administrativas para revisar los datos.
Sandra Cáceres, portavoz de la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV), señala que el desgaste económico ha sido considerable, estimando pérdidas de una nómina y media en bruto. A falta de comunicación oficial, los docentes esperan que el recorte salarial se aplique en las nóminas de agosto o septiembre.
Las consultas realizadas a unos 78.000 funcionarios docentes indican que, en las primeras semanas, unos 45.000 secundaron la huelga, cifra que descendió a 30.000 en las semanas posteriores. Se estimó un impacto económico global de 80 millones de euros en salarios, aunque las cifras finales son inciertas por el seguimiento desigual.
Para paliar esta pérdida de ingresos, han surgido iniciativas solidarias. La caja de resistencia conjunta de Escola Valenciana y CADPV ha recibido 3.319 donaciones, sumando 267.102,37 euros, destinadas a revertir los efectos económicos y posibles sanciones administrativas. También se ha iniciado una campaña en change.org para pedir que el dinero ahorrado por la Conselleria se reinvierta en mejorar los centros educativos públicos.
Núria Miró y Rafa Cosín, docentes y pareja, calculan que han dejado de percibir unos 1.750 euros y 2.100 euros respectivamente, sumando un coste conjunto cercano a los 3.850 euros sin contar extras. Tuvieron que ahorrar con antelación para cubrir los gastos fijos como la hipoteca, la alimentación o los seguros, adaptando las rutinas familiares.
A pesar del sacrificio económico y familiar, tanto Núria como Rafa afirman que la movilización merece la pena y que su decisión les deja la "conciencia muy tranquila", defendiendo la necesidad de recursos humanos, infraestructuras adecuadas y financiación suficiente para la educación pública.