La jueza de la dana señala a la Generalitat por la gestión de la información

La magistrada reitera que no ve responsabilidad penal en los alcaldes y destaca el “extenso caudal de información” de la autonomía.

Imagen genérica de luces de emergencia reflejándose en asfalto mojado por la noche.
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Imagen genérica de luces de emergencia reflejándose en asfalto mojado por la noche.

La jueza de la dana ha reiterado que no ve responsabilidad penal en los alcaldes afectados por las inundaciones del 29 de octubre de 2024, pero destaca el “extenso caudal de información” de la Generalitat.

La magistrada ha rechazado las diligencias solicitadas por una de las acusaciones particulares, que pedía responsabilidades penales para los alcaldes de las localidades afectadas por las inundaciones del 29 de octubre de 2024, una jornada que acabó con 230 fallecidos. Esta postura ya ha sido avalada por la Audiencia Provincial de Valencia.
Por el contrario, la jueza recuerda que la consellera competente en protección civil, Salomé Pradas, junto con el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, dirigían el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones. El auto subraya la "diferencia radical" en la competencia de dirección del plan respecto a la administración local, haciendo referencia al "manejo de información" y a las "múltiples herramientas" de la Generalitat desde el Centro de Coordinación de Emergencias.
La resolución afirma que quienes ostentaban el mando de la emergencia autonómica "contaban con un extenso caudal de información", incluyendo datos de Aemet, la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), medios de comunicación y la Confederación Hidrográfica del Júcar, además de las llamadas al 112. También podían recibir asistencia de más personal cualificado en emergencias en el Cecopi.
La jueza considera "especialmente significativa" la información telefónica que la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, trasladó al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, sobre el desbordamiento del barranco de Horteta. Mompó, que participaba en el Cecopi y mantenía comunicación con la consellera Pradas, fue citado a declarar nuevamente tras este aviso.
El auto destaca una segunda llamada de Folgado a las 19.10 horas directamente al secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. A la jueza le resulta "difícilmente sostenible" la tesis de que el Cecopi desconociera el estado del barranco del Poyo, así como la "carencia de instrucciones" al Centro de Emergencias, evidenciada por la respuesta de un técnico de la Generalitat a una llamada del Ayuntamiento de Utiel: "Nosotros nunca nos coordinamos en nada".