La decisión se ha hecho pública este 6 de junio, pocos minutos antes de la apertura de puertas. La organización ha señalado directamente al Ayuntamiento de Valencia y a la dirección de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, argumentando que la suspensión no ha sido voluntaria, sino una consecuencia directa de las limitaciones de volumen derivadas de una sentencia judicial sobre la contaminación sonora.

El conflicto se agravó durante la primera jornada, cuando cientos de asistentes mostraron su malestar con silbidos y gritos por el bajo volumen de los conciertos. La situación llegó a interrumpir algunas actuaciones, obligando incluso a una de las artistas a dirigirse al público para explicar las dificultades técnicas.

Según los responsables del certamen, desde que se conoció la sentencia el pasado 25 de marzo, intentaron buscar alternativas, como el traslado a otros emplazamientos, sin éxito. Asimismo, han lamentado la falta de diálogo con el consistorio para encontrar soluciones que permitieran compatibilizar la actividad cultural con el descanso de los vecinos.

Por su parte, la alcaldesa de Valencia ha defendido la aplicación de las restricciones, recordando que la administración está obligada a cumplir la resolución judicial que da la razón a los residentes del entorno. La organización ha confirmado que procederá a la devolución del importe de las entradas y parte de los abonos.