El cierre de la central nuclear de Cofrentes, pactado en 2019, se acerca, pero el contexto energético ha cambiado drásticamente. Eventos como la invasión de Ucrania, el apagón de abril del año pasado y la guerra de Irán han puesto en evidencia la fragilidad del sistema energético, impulsando un debate sobre la necesidad de mantener operativa la planta.
A pesar de que la energía verde ya representa casi la mitad del parque de generación, la producción renovable valenciana fue del 22,4 % el año pasado. La central de Cofrentes generó el 50,8 % de la energía producida en el territorio y el 40 % de la electricidad consumida en la Comunitat Valenciana, demostrando su papel clave en el mix energético.
“"La prórroga no puede convertirse en un debate ideológico, sino que debe ser una decisión estratégica de país."
La Cámara de Comercio de Valencia y la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) defienden la continuidad de Cofrentes para reindustrializar la economía y atraer inversiones. Advierten que el cierre tendría un impacto directo en más de 12.200 empresas manufactureras electrointensivas y podría afectar a más de 235.000 trabajadores de forma directa o indirecta.
Expertos y empresarios, incluyendo al vicepresidente de una importante empresa valenciana de renovables, consideran un error mantener el calendario de cierre. Argumentan que España no está preparada para prescindir de la seguridad que la nuclear aporta al sistema, y que el cierre prematuro aumentaría la volatilidad de los precios y la dependencia del gas.
El debate también tiene una dimensión política. Mientras que los partidos de izquierdas y el Gobierno de España (con matices) apuestan por mantener el cierre, el PP y Vox defienden abiertamente la prórroga de la vida útil de la central. La movilización para reivindicar la prórroga de Cofrentes se inició en octubre de 2024.
