Un estudio reciente pone de manifiesto la gravedad de los accidentes laborales en el campo valenciano, con un balance de 146 personas fallecidas por el uso de maquinaria agrícola durante el periodo comprendido entre 2010 y 2023. Esta cifra supone el 10,4% del total de muertes registradas en España por este motivo, según el informe ‘Siniestralidad agrícola e incendios en cosechadoras y empacadoras’.
Desglosado por provincias, Valencia encabeza las estadísticas con 69 fallecimientos, seguida por Alicante con 51 y Castellón con 26. La media anual de siniestros mortales con maquinaria agrícola implicada en la Comunidad Valenciana se sitúa en torno a 10.
A nivel estatal, el sector agrario sumó 1.620 muertes entre 2010 y 2023, con una media de 116 anuales. En el 86,9% de estos casos, la maquinaria agrícola fue el factor determinante. Los tractores son el tipo de vehículo con mayor incidencia, causando el 81,1% de los accidentes mortales relacionados con maquinaria, siendo el vuelco del vehículo el accidente más frecuente (57%).
Las parcelas agrícolas concentran el 39% de los accidentes mortales, seguidas por los caminos (20%) y las carreteras (16%). Los desniveles, las salidas de vía y las imprudencias son causas comunes, aunque los investigadores señalan que estos sucesos raramente responden a un único factor.
El perfil de las víctimas muestra una clara predominancia masculina (94% hombres) y una edad media de 59,8 años, con un mayor número de casos en mayores de 65. El informe también lamenta la muerte de 27 menores, 21 de ellos menores de 16 años.
La siniestralidad se incrementa en primavera y verano, especialmente en mayo, y la mayoría de accidentes ocurren entre las 6:00 y las 20:00 horas. El documento también aborda el riesgo de incendios en cosechadoras y empacadoras, asociados al calor y a fallos mecánicos o eléctricos.
Para reducir estos riesgos, el informe propone mejoras en el diseño de la maquinaria, el mantenimiento, la formación de los usuarios y la implementación de sistemas de detección y autoextinción. Los autores enfatizan la necesidad de un mayor compromiso institucional para garantizar la seguridad en el sector agrario, recordando que se trata de personas que sostienen una actividad esencial.
