La testigo hizo esta afirmación en su declaración en el juzgado de Catarroja, donde se investiga la gestión de la DANA. En la causa hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su exnúmero dos, Emilio Argüeso.

La operadora explicó que el 29 de octubre entró a trabajar a las 9 de la mañana y no se fue hasta las tres de la madrugada. Detalló que los sensores de pluviometría y caudal funcionaban “perfectamente” hasta que la “gran cantidad de agua” se los llevó.

Sobre Riba-roja, indicó que no hay sensores de caudal, sino de nivel. “Recibimos datos de altura cada cinco minutos. Ese dato se convierte en caudal. Si supera determinados umbrales, nos llega un mensaje. El sistema tiene que recibir tres avisos de 30 ml para activarse”, señaló.

Ese día, insistió, Delegación de Gobierno les llamó “varias veces” –unas siete u ocho– para pedir información, pero no recibieron ninguna llamada del CCE, organismo que “tiene centralizada toda la información”.

En un momento dado, ante la crecida del barranco del Poyo, decidieron enviar correos electrónicos, aunque estaban “confiados” en que “estaba todo el mundo avisado, que estaban todos los medios, los ayuntamientos, avisados y controlando el caudal”.

La testigo reconoció que no estuvieron constantemente monitorizando el barranco del Poyo porque vigilaban 25 pluviómetros, pero vio la crecida al hacer un barrido. Enviaron los correos alrededor de las 18:43 horas, si bien no pudieron confirmar la lectura de los mismos.

Según la normativa interna vigente desde 2015, el SAIH no tiene que llamar, sino enviar correos. “Delegación sí pidió un listado de acumulados de lluvia y, que yo sepa, no recibimos ninguna llamada del Consorcio de Bomberos. Sí llamó el técnico de Buseo y desde Delegación también preguntaron por Buseo”, expuso. Concluyó que ellos reciben la alerta hidrológica “igual que todo el mundo” y “toda la información se manda por correo electrónico”.