La gestión de la memoria democrática ha experimentado cambios significativos en la Generalitat con la aplicación de la nueva normativa. Mientras el gobierno autonómico defiende su política de concordia, los investigadores y las entidades locales señalan que la falta de datos precisos sobre las fosas pendientes de exhumación dificulta cualquier intervención efectiva.

En el caso de Alicante, se estima que todavía quedan restos de cerca de 200 personas por localizar en diversas fosas del cementerio municipal. La situación se complica porque muchos de estos espacios fueron cerrados o reutilizados con enterramientos posteriores, lo que hace que la tarea de búsqueda sea técnicamente compleja y costosa.

Las asociaciones critican que la responsabilidad de activar las exhumaciones recaiga principalmente en los ayuntamientos, los cuales a menudo no disponen de medios suficientes. Además, la falta de colaboración institucional en algunos consistorios, incluido el de Alicante, ha generado un bloqueo en los proyectos de identificación de represaliados.

Uno de los episodios más recordados en la ciudad es el bombardeo del Mercado Central el 25 de mayo de 1938, que causó cientos de muertos. Todavía hoy, la memoria de este suceso y la identificación de las víctimas enterradas en fosas comunes siguen siendo un punto de fricción entre las entidades memorialistas y la administración local.