La misiva, que defiende los servicios mínimos y asegura que la evaluación de los alumnos de segundo de bachillerato «no es negociable», ha sido recibida con una avalancha de críticas. Docentes, sindicalistas y familias acusan al gobierno valenciano de utilizar recursos públicos para enfrentar a padres y profesores, con argumentos que consideran discutibles.

Un ex-senador y profesor ha registrado una queja formal, denunciando la sobrecarga de ratios, las condiciones climáticas de las aulas y la falta de apoyo para el alumnado con necesidades educativas especiales. También ha calificado la carta de «sucesión de mentiras» y ha pedido la dimisión de la consellera.

La indignación se ha extendido a las redes sociales, donde un concejal alicantino ha acusado a la Conselleria de utilizar recursos institucionales para enfrentar a familias y profesorado, en lugar de resolver un conflicto educativo que acumula malestar desde hace años. Otros docentes han expresado su disconformidad, calificando la carta de «poca vergüenza» y reafirmando su compromiso con la huelga.

Un profesor de derecho ha cuestionado públicamente si el uso de recursos públicos para enviar una carta de estas características podría tener implicaciones jurídicas, haciendo referencia a sentencias que consideran delito el uso de medios públicos para cuestiones partidistas.

Esta carta llega después de una semana de negociaciones sin acuerdo con los sindicatos. La oferta de una subida salarial lineal de 1.050 euros brutos anuales ha sido considerada insuficiente por los representantes docentes, que insisten en que el conflicto va más allá del sueldo e incluye la falta de plantilla, el exceso de burocracia, el deterioro de las infraestructuras educativas y los retrocesos en la política lingüística. Los sindicatos también rechazan los servicios mínimos impuestos por la Generalitat, que consideran excesivos y orientados a limitar el impacto de la huelga.