La actuación policial se produjo cuatro días después de que la Conselleria de Vivienda solicitase la colaboración para verificar la ocupación de los pisos. Según ha explicado un mando policial en la comisión municipal constituida para fiscalizar la gestión de dichas viviendas, los agentes solo recibieron la petición y los datos de empadronamiento, sin información adicional sobre la propiedad.

Durante la sesión de trabajo, se ha detallado que las comprobaciones se realizaron en varias visitas y horarios para garantizar un resultado fiable. El balance final confirmó que 95 de las 140 viviendas estaban ocupadas, mientras que en 13 casos no se pudo localizar a nadie y en otros dos los residentes manifestaron estar de alquiler.

El responsable policial ha señalado que no se solicitaron contratos de arrendamiento ni se verificaron consumos de suministros, ya que no formaba parte de sus funciones habituales. Además, el informe detectó 26 buzones con acumulación de correo, un hecho que podría indicar que dichos pisos no estaban habitados realmente.

La comisión ha programado nuevas sesiones para los meses de junio y julio para continuar con las comparecencias, a pesar de las ausencias de algunos de los convocados que han presentado escritos de excusa para no acudir a la cita.