La inspección de la Policía Local de Alicante, llevada a cabo el pasado mes de febrero para cotejar los moradores de las viviendas de protección pública (VPP) de Residencial Les Naus, se realizó cuatro días después de que la Conselleria de Vivienda solicitase dicha inspección. Además, los agentes que visitaron la promoción no disponían de ningún dato adicional sobre quiénes eran los titulares de dichas viviendas.

Así se ha puesto de manifiesto en la sesión de trabajo de la comisión municipal encargada de fiscalizar la gestión y compra de las VPP de dicho residencial. Durante la sesión, compareció el inspector de la Policía Local que elaboró el informe, Antonio Santana. Los otros tres comparecientes convocados (el vicesecretario municipal, el interventor municipal y el exjefe del área de Asesoría Jurídica) presentaron escritos de excusa.

La comparecencia de Santana ha sido la segunda desde que se constituyó la comisión. El inspector explicó que la orden para realizar las comprobaciones se comunicó el 16 de febrero y se practicaron a partir del 17, cuatro días después de la petición de la Conselleria. Según indicó, solo les facilitaron la petición y los datos de empadronamiento, pero ninguna información sobre la identidad de los propietarios.

El objetivo de la inspección era comprobar la correspondencia entre las personas que habitaban las viviendas y los datos de los empadronamientos. Santana aseguró que se realizaron visitas en distintos tramos horarios para obtener un resultado "real". No entró a valorar si el anuncio previo del alcalde, Luis Barcala, o la solicitud de Compromís de comprobar los empadronamientos hubieran podido influir en un posible adelanto de la ocupación.

En cuanto al resultado, se constató que 95 de las 140 viviendas estaban habitadas. Hubo 13 pisos donde no se localizó a nadie, dos donde los residentes aseguraron que eran de alquiler, y varios casos donde los moradores se presentaban como amigos de los propietarios. Santana confirmó que no solicitaron contratos de alquiler ni comprobaron el consumo de agua.

El informe también señaló 26 buzones con abundante correo, indicativo de que podrían no estar ocupados. El informe se entregó en Jefatura y no se dieron instrucciones posteriores para nuevas comprobaciones.

En las próximas sesiones, previstas para el 8 de junio y 6 de julio, comparecerán representantes de Provía, el administrador único de Fraorgi, trabajadoras del Patronato Municipal de Vivienda, el vicealcalde Manuel Villar, el concejal de Vivienda Carlos de Juan, la concejala de Hacienda y Patrimonio Nayma Beldjilali, y el concejal de Urbanismo Toño Peral.