El montante de las presuntas adjudicaciones irregulares asciende a unos 400.000 euros durante un periodo de 10 años. Según explicó el alcalde, durante la mayor parte del tiempo se trataba de facturas inferiores a 1.000 euros, pero desde el pasado verano hasta enero se han detectado contratos menores por cuantías más elevadas. Como dato relevante, una de las empresas implicadas recibió un contrato tan solo dos semanas después de su constitución el pasado noviembre.

La situación se detectó en febrero, cuando se observaron adjudicaciones repetidas a la misma empresa. Esta información se comunicó al concejal del área, Jordi Martínez, y posteriormente al alcalde, quien inició un expediente de información reservada para verificar los indicios. El departamento de Personal concluyó que había evidencias de una falta muy grave por presuntamente otorgar facturas y contratos menores a personas y empresas directas, sin que la funcionaria se hubiera abstenido.

El 12 de mayo se abrió el expediente disciplinario a la técnica municipal y se nombró a un instructor. El alcalde subrayó que ni él ni ningún otro miembro del Ayuntamiento tienen acceso al expediente, ya que solo el instructor puede consultarlo y gestionarlo, comparándolo con el secreto de sumario.

Francés detalló que, cuando las contrataciones pasaban por Junta de Gobierno, se verificaba que se pedían tres o más presupuestos y se adjudicaba a la oferta más barata. "Lo que no podemos saber son las relaciones personales de los funcionarios", afirmó. El alcalde reiteró que si el expediente detecta responsabilidad penal, se trasladará al Juzgado; si son faltas administrativas, se determinarán las sanciones; y si todo es correcto, se archivará.

Asimismo, el alcalde anunció una investigación para determinar quién filtró un documento sensible y no anonimizado a un medio de comunicación, calificando el acto como ilícito y anunciando que se actuará con contundencia. Los grupos municipales fueron informados de estos hechos previamente en una junta de portavoces.

Por otra parte, el alcalde explicó una reordenación en el departamento de IGS debida a un segundo caso, distinto al de adjudicaciones. El 5 de marzo se recibió una denuncia por acoso laboral a un funcionario por parte de varios trabajadores, que actuaron de forma anónima. Tras la investigación, el 21 de abril se concluyó que no había indicios de acoso laboral y se cerró el expediente. Una denuncia similar se recibió en abril sobre el mismo responsable de departamento y se cerró de la misma manera. Aunque no ha habido acoso laboral, sí hay conflictividad en IGS, motivo por el cual se ha llevado a cabo la reordenación.