El polémico blindaje machista en la Semana Santa de Sagunto ha pasado de ser un debate orgánico a un grave asunto penal. La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación criminal contra la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, a raíz de una denuncia formal del Ministerio de Igualdad. Este movimiento judicial sitúa a la histórica hermandad en el centro de una investigación por presunta discriminación por razón de género.
La propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha hecho pública la apertura de la vía penal, tachando de «discriminatoria» la actitud de la cofradía. Redondo ha aprovechado el anuncio para enviar un mensaje directo a la jerarquía eclesiástica ante la inminente visita del Papa a España, señalando la «necesidad de que las cofradías garanticen siempre la igualdad».
“"La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación penal sobre el veto a las mujeres en la cofradía de Sagunto, algo que es discriminatorio. La visita del Papa a España debería servir para abordar asuntos como la necesidad de que las cofradías garanticen siempre la igualdad."
La intervención de la Fiscalía es la consecuencia directa del desafío lanzado por la propia hermandad el pasado mes de marzo. En una asamblea general extraordinaria, se votó una propuesta para sustituir el término «varones» por «personas» en los estatutos, permitiendo así que las mujeres pudieran salir en las procesiones. Sin embargo, la propuesta fue rechazada con 267 votos en contra y 114 a favor.
Este portazo a los derechos fundamentales encendió las alarmas del Gobierno de España, que inició el procedimiento para retirar a la Semana Santa de Sagunto el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional, reconocimiento que ostentaba desde 2004. Ahora, la justicia penal estrecha el cerco de forma definitiva.
Desde el colectivo Semana Santa Inclusiva, su portavoz Blanca Ribelles, ve este paso de la Fiscalía como una consecuencia inevitable ante la cerrazón de la directiva. Ribelles ha denunciado que «los cofrades tuvieron la oportunidad de corregir esa medida en la última votación y decidieron seguir discriminando», lamentando haber tenido que llegar a los tribunales.
El colectivo afirma que el veto no se debe a la falta de interés, ya que decenas de mujeres intentan inscribirse cada año sin recibir respuesta de la directiva. Para la plataforma ciudadana, este cerco judicial e institucional podría acabar si los líderes de la cofradía aplicaran la legalidad vigente y aceptaran las solicitudes de inscripción de las mujeres. La institución, fundada en 1492, afronta un momento crítico por impedir el derecho a la igualdad en pleno siglo XXI.
