En Alicante, la dificultad para acceder a una vivienda es patente. El precio del alquiler ha aumentado un 11,5% en el último año, situándose la renta media en torno a los 1.450 euros. Esta subida supone que una familia media destine cerca del 40% de sus ingresos al alquiler, antes de cubrir otros gastos esenciales como alimentación, suministros o educación.
El mercado inmobiliario, lejos de autorregularse, ha generado pisos inasumibles, barrios tensionados y jóvenes atrapados en casa de sus padres. Incluso personas con nómina se encuentran con dificultades para pasar el filtro de las inmobiliarias, que a menudo piden garantías de 2.500 euros mensuales.
En Elche, la situación no es mejor. La PAH Elx-Crevillent ha denunciado desahucios de hogares vulnerables, criticando que la respuesta municipal se limite a menudo a ofrecer noches de albergue, una solución insuficiente ante la falta de alternativas habitacionales.
La vivienda se ha convertido en una carrera de obstáculos: encontrar un piso asequible, demostrar ingresos suficientes, competir con numerosos interesados y vivir con la incertidumbre de la renovación del contrato o posibles subidas de precio.
La negativa del PP a declarar Alicante y Elche como zonas tensionadas resulta difícil de justificar. Rechazar herramientas para frenar la escalada de precios supone tomar partido, y no precisamente por el inquilino. No intervenir también es una decisión política que permite que los precios suban sin límite.
La comparación con otros territorios donde se han aplicado regulaciones muestra una estabilización o bajada de precios. Mientras tanto, en Alicante y Elche, el problema persiste sin corrección automática.
En Alicante capital, el caso de Les Naus ha afectado la confianza ciudadana, con adjudicaciones de viviendas protegidas a familiares de cargos públicos. La dimisión del concejal de Urbanismo evidencia la necesidad de una profunda revisión de los procedimientos.
El balance de vivienda pública en Alicante en los últimos siete años es muy pobre, indicando una falta de prioridad política. En Elche, la regeneración del barrio de San Antón acumula promesas sin concreción.
La adjudicación de 72 viviendas protegidas en Los Palmerales (Elche) es positiva, pero insuficiente. La mayoría se orienta a la compra, dejando fuera a mucha gente que necesita alquiler social y asequible.
La PAH reclama más mediación con grandes tenedores, más tanteo y retracto, más vivienda pública e implicación municipal. El mercado busca rentabilidad, y la política debe poner límites.
La posición del PP valenciano de recurrir el Plan Estatal de Vivienda es contradictoria, ya que la provincia necesita financiación y soluciones urgentes. La vivienda no debería ser una trinchera partidista.
Mientras las administraciones discuten, los barrios, el comercio y la forma de vivir la ciudad cambian. Más personas se trasladan a municipios del interior buscando precios más bajos, un problema que se extiende como una mancha de aceite.
La pregunta clave es ¿para quién se están construyendo estas ciudades?: ¿para quienes viven todo el año o para quienes pueden pagar más? Si Alicante y Elche se convierten en escaparates, la sociedad habrá fracasado.
Es necesario declarar zonas tensionadas, aumentar el parque público, usar suelo público para alquiler asequible, mediar con propietarios, perseguir abusos y limitar el alquiler turístico. La vivienda es un proyecto de vida, no una mercancía.
Alicante y Elche tienen un problema grave, una emergencia social. Mientras miles de familias hacen números para sobrevivir, quienes tienen herramientas para intervenir hablan de trámites y prudencia, pero no cuando una familia acaba en la calle.
Una emergencia no se contempla desde el despacho, se afronta. Cuando una ciudad expulsa a quienes la trabajan, la cuidan y la sostienen, deja de ser una ciudad para convertirse en un negocio.
