Hace casi dos décadas, en 2007, alguien invitó al autor a meterse en política local en Orihuela, a pesar de su escaso conocimiento de la política municipal. Esta experiencia, descrita como apasionante, ha confirmado que la decisión de participar fue acertada.
Esta semana, el Pleno del Ayuntamiento de Orihuela ha debatido una propuesta para revisar de oficio el contrato de servicio de recogida y tratamiento de basuras, adjudicado en 2008 por el consistorio, entonces gobernado por el PP. La decisión llega después de que la Audiencia Provincial de Alicante, el pasado 8 de enero, fallara en la rama oriolana del caso Brugal, declarando que el procedimiento de licitación y adjudicación fue manipulado. La sentencia indica que el contrato se adjudicó a un empresario amigo del PP, que obtuvo información previa de cargos del partido.
El autor recuerda que la motivación para entrar en política fue, precisamente, colaborar a limpiar el nombre de la ciudad. Menciona casos anteriores, como el del antiguo alcalde del PP, Luis Fernando Cartagena, acusado de apropiarse de dinero de unas monjas, o las alusiones de Ángel Fenoll desde 2006 sobre grabaciones para controlar la licitación del servicio de limpieza viaria.
La revisión de oficio del contrato, calificada en el Pleno como un "parche técnico", es una solución jurídica ante las evidencias judiciales. Este paso representa un desafío para el PP, que continúa gobernando la ciudad. El artículo reflexiona sobre la complacencia histórica de Orihuela con los políticos locales y la falta de exigencia de responsabilidad a la organización política que amparó estos hechos.
El autor expresa satisfacción por haberse involucrado en política local, especialmente al recordar su papel como abogado de la acusación popular en la fase de instrucción del caso Brugal. Sin embargo, también manifiesta frustración por la "ceguera indolente" de quienes mantienen la confianza en aquellos que ahora intentan arreglar una situación anteriormente calificada de mentira con un simple "parche técnico".
